Este mes, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado dos medidas históricas para ampliar el alcance de los derechos humanos universales frente al cambio climático.
En dos decisiones largamente esperadas, el Consejo votó a favor de reconocer un nuevo derecho: a través de la Resolución 48/13, el Consejo exhorta a los Estados de todo el mundo a colaborar entre sí y con otros socios para implementar el derecho universal a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. El texto, propuesto por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza, fue aprobado por 43 votos a favor y 4 abstenciones de Rusia, India, China y Japón.
Y en la resolución 48/27, crea un Relator Especial, un experto independiente en derechos humanos, sobre derechos humanos y cambio climático.
Estas medidas, por pequeñas que puedan parecer, suponen un gran paso adelante hacia una nueva era en la política climática basada en los derechos.
En un comunicado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los Estados miembros que tomen medidas audaces para dar efecto rápido y real al derecho a un medio ambiente saludable.
Bachelet dijo que, después de haber pedido durante mucho tiempo ese paso, estaba «satisfecha» de que la decisión «reconozca claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas».
“Ahora se requieren acciones audaces para garantizar que esta resolución sobre el derecho a un medio ambiente saludable sirva como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y la naturaleza”.
La nueva resolución reconoce el daño infligido por el cambio climático y la destrucción del medio ambiente a millones de personas en todo el mundo. También subraya que los segmentos más vulnerables de la población se ven afectados de manera más aguda.
Estas resoluciones son importantes por varias razones:
Por un lado, y tal como reconoció la Alta Comisionada, no hay separación entre la acción ambiental y la protección de los Derechos Humanos, sino que ambos objetivos van de la mano. De hecho, Bachelet rindió homenaje a los numerosos defensores de los derechos humanos ambientales, muchos asesinados, e instó a los Estados miembros a tomar medidas firmes para protegerlos y empoderarlos.
Estas resoluciones envían un poderoso mensaje de progreso a las comunidades indígenas, activistas de todas las edades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, y empresas.
Por otra parte, las resoluciones se han adoptado semanas antes de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, la COP26 , que se celebrará a principios de noviembre en Glasgow, y donde los líderes mundiales deberían adoptar acciones contundentes y reducir el calendario de actuación ante la inminencia de desastres naturales, de riesgos climáticos y del aumento de las mujeres relacionadas con el medio ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , el 24% de todas las muertes mundiales, aproximadamente 13,7 millones de muertes al año, están relacionadas con riesgos como la contaminación del aire y la exposición a sustancias químicas.
En otro orden, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció el pasado 30 de agosto en relación a una consulta realizada por BankTrack y OECD Watch sobre la aplicación de los Principios Rectores de Naciones Unidas para empresas y Derechos Humanos a los bancos, al concluir que:
“La responsabilidad de respetar se aplica a las actividades propias de una institución financiera (actos y omisiones) y a los impactos adversos sobre los derechos humanos que están directamente vinculados a sus operaciones, productos o servicios por sus relaciones comerciales.”
Esta decisión avanza también no sólo en la necesaria prevención de riesgos en materia de derechos humanos por parte los bancos hacia las empresas donde poseen o custodian acciones, sino en la debida diligencia en las empresas participadas de alto riesgo.
Aunque estas resoluciones no tienen carácter obligatorio desde en el derecho internacional, en el caso de violaciones de Derechos Humanos en el año 2007 se estableció un nuevo procedimiento de denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos, que aborda las denuncias presentadas por personas, grupos u organizaciones no gubernamentales que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos o que tengan conocimiento directo y fehaciente de tales violaciones.
Sin duda John Ruggie, estaría muy orgulloso de estos pequeños, grandes avances.
Fuente: agorarsc.org
