El 21 de enero de 2009, Barack Obama inició sus funciones como presidente de los Estados Unidos con un discurso en el que se comprometió a que su mandato se regiría por la transparencia, la participación y la colaboración. Estos tres ejes definirían el modelo de open goverment o gobierno abierto que ha impregnado las políticas públicas en todo el mundo desde entonces.
Y es que muchas de las acciones, movimientos o decisiones que se toman en una parte del mundo tiene su influencia en el resto, sobre todo si aquél que las toma es una potencia como los Estados Unidos.
Así, en el ámbito de la lucha contra la corrupción vimos como durante los años 70 la sucesión de varios casos de corrupción en Estados Unidos llevó a que la Securities and Exchange Commission (el equivalente en nuestro país a la CNMV) efectuase una investigación que puso al descubierto que más de 400 empresas habían pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos.
La consecuencia directa que tuvo esta investigación fue que en el año 1977 el gobierno americano aprobó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en sus siglas en inglés) la cual se convirtió en una de las principales herramientas de lucha contra la corrupción y es considerada como la ley “madre” del compliance. Desde el punto de vista de su aplicación la FCPA atacaba la corrupción desde el prisma del cohecho activo, es decir, desde quién ofrece el soborno.
Hubo que esperar hasta el 14 de diciembre de 2023 para que el Congreso de los Estados Unidos aprobase la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA en sus siglas en inglés) la cual viene a cubrir el vacío legal que dejaba la FCPA al regular el cohecho pasivo, es decir, la solicitud de soborno por parte del funcionario público extranjero.
De esta manera, mientras la FCPA se aplica a personas y empresas que pagan o aceptan pagar sobornos a funcionarios extranjeros a cambio de negocios; la FEPA tipifica como delito el que un funcionario de un gobierno extranjero exija, reciba o acepte recibir un soborno de una empresa o individuo estadounidense. Y no solo se recogen como soborno los pagos en metálico, también se incluye “cualquier cosa de valor”.
Las penas o sanciones a las que podrían enfrentarse aquellos funcionarios extranjeros que soliciten o acepten sobornos de entidades estadounidenses pueden llegar hasta los 250.000 dólares de multa y los 15 años de prisión.
La norma se aplica además de a los funcionarios de gobiernos extranjeros a la “figura política de alto rango” en la que se incluyen los altos funcionarios de partidos políticos y los altos ejecutivos de empresas propiedad del gobierno extranjero.
Por primera vez, y esta es una de las novedades de la FEPA, se recoge la responsabilidad penal de funcionarios públicos extranjeros lo que supone que esta norma tiene alcance extraterritorial, aunque estaría por ver qué encaje tienen aquí los acuerdos de extradición o las relaciones de poder entre gobiernos.
La aprobación de la FEPA se enmarca en la política de la Administración Biden de luchar contra la corrupción como un elemento clave de la seguridad nacional de los EE. UU., posicionando a este país como uno de los más avanzados en la lucha contra la corrupción ya que pretende erradicar la corrupción extranjera desde su origen.
En este marco, la Administración Biden aprobó también la llamada Estrategia 2021 para Contrarrestar la Corrupción, que junto con la FEPA dota al Departamento de Justicia de nuevas herramientas legales que permiten poder procesar penalmente a los funcionarios extranjeros corruptos que a menudo escapan a la acción de la justicia en sus países de origen.
La FEPA ha sido aprobada como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año 2024, lo que en nuestro país equivaldría a la ley de acompañamiento, y contó con el apoyo tanto de republicanos como demócratas, lo que demuestra como todos los partidos políticos americanos aúnan fuerzas en la lucha contra la corrupción.
De la misma forma que la aprobación de la FCPA dio lugar al nacimiento del compliance y a una mayor conciencia de la importancia de la lucha contra la corrupción, se espera que esta nueva FEPA suponga también un impulso hacía mayores cotas de ética e integridad en todo el mundo.
Amalia López Acera
Jefa de unidad de relaciones institucionales, comunicación y participación de la AVAF
Fuente:antifraucv.es
