.jpg)
El Reglamento de Servicios Digitales entrará en aplicación el 17 de febrero mientras que el de Mercados Digitales lo hará a más tardar en marzo.
Ambas normas perseguirán a las grandes tecnológicas infractoras con sanciones de hasta entre el 6% y el 10% de su facturación global.
Este 2024 la Unión Europea estará inmersa en el proceso electoral que en junio podría transformar para siempre el equilibrio político de las instituciones comunitarias. En la legislatura que arrancó en 2019, la Comisión que dirige Ursula von der Leyen se marcó una serie de objetivos: la digitalización y la transformación ecológica de los países miembros.
Entonces llegó el coronavirus y el resto es historia.
La Unión Europea ha avanzado en los últimos cinco años en las sendas marcadas, con un histórico despliegue de fondos de recuperación para ayudar a los 27 a tratar de superar la crisis provocada por la pandemia primero, y por la guerra en Ucrania después.
Paralelo a ello, Bruselas también ha seguido afinando las regulaciones con las que intenta poner coto a las grandes tecnológicas. La economía digital es ya una realidad. El papel que juegan muchas multinacionales, en su mayoría extranjeras, es crucial. Y los desafíos en materia de soberanía industrial y tecnológica que afronta el continente, evidentes y mayúsculos.
Ya entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en mayo de 2018, hace casi seis años, y ya se han visto multas históricas, como la que recibió Meta —propietaria de Facebook o Instagram, entre otras— de 1.200 millones de euros. La razón: haber seguido transfiriendo datos de ciudadanos europeos a EEUU en un momento en el que no había ningún acuerdo que lo amparara.
Pero precisamente Meta protagoniza el paradigma por el que muchas compañías pretenden sortear los límites que la Unión trata de imponer a una industria sobre la que no han parado de iniciarse investigaciones por posibles abusos de posición de dominio y monopolio.
Meta, por ejemplo, es protagonista por los últimos movimientos con los que la firma fundada por Mark Zuckerberg trata de eludir la vía por la que recaba el consentimiento expreso de los usuarios de sus plataformas sociales para que sus datos personales sean tratados y procesados, algo que ya investigan agencias de protección de datos como la española.
El RGPD, eso sí, no es la única vía con la que la Unión Europea puede imponer sanciones monetarias a las tecnológicas. De hecho, sucede al revés: Bruselas empezó a entender que los procesos y mecanismos para investigar posibles infracciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se dilatan demasiado en el tiempo y las grandes tecnológicas son muy ágiles.
Por eso, la Unión Europea comenzó a desarrollar una prolífica regulación tecnológica.
Los datos avalan esa evidencia: Google, el gigante del buscador, se ha enfrentado a más de 8.000 millones de euros en multas en tres procedimientos distintos que comenzaron en la década pasada. Cada uno de esos procedimientos se ha prolongado en torno a un lustro en el tiempo.
Los procedimientos identificaban prácticas por parte de Google anticompetitivas en el mercado de la publicidad en línea —por ejemplo, obstaculizando que muchos sitios webs sirviesen publicidad de sus rivales, como Bing o Yahoo—, en el buscador dentro de la tienda de apps de Android, Google Play, o favoreciendo su servicio de comparación de precios en Google frente al de la competencia.
Aquí puedes ver muchos de los procedimientos administrativos iniciados por Bruselas al detectar posibles prácticas anticompetitivas por parte de las grandes multinacionales tecnológicas en los últimos años.
Eran procedimientos dilatadísimos en el tiempo y además Bruselas no siempre las tenía todas consigo: muchas resoluciones acababan recurridas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por eso apareció el Reglamento de Mercados Digitales o DMA, por sus siglas en inglés. Su borrador lo anunció la Comisión Europea al mismo tiempo que el Reglamento de Servicios Digitales o DSA. Ambos están ya en vigor y entrarán en aplicación definitiva en este 2024.
Fuente: businessinsider.es
