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Una década de Ley de Transparencia ha conseguido abrir la Administración pública y que los españoles se acostumbren a pedir cuentas, pero hay aspectos que mejorar: los tiempos de respuesta, la información disponible y, sobre todo, que el Gobierno no ignore las solicitudes de los ciudadanos.
En diciembre de 2013 España salió de la lista de países europeos con más de un millón de habitantes que no garantizaban por ley el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Un año después, se inauguraba el Portal de la Transparencia y, desde entonces, las instituciones públicas poco a poco se han ido abriendo al escrutinio público, permitiendo a los ciudadanos ejercer un nuevo derecho, que a veces resulta un poco complicado.
En 2014 se realizaron las primeras peticiones de información pública que fueron 608. En la actualidad son más de 66.500, y sumando, según datos del propio Portal. Como detalle curioso, cabe señalar que la mayoría de las solicitudes se realizan de manera electrónica y un 7% se han presentado en papel.
Algo más del 20% son inadmitidas, siendo las principales causas: dirigirlas al órgano que no posee la información; ser información con un régimen específico de acceso -como pueden ser los archivos-; ser información manifiestamente repetitiva o abusiva; información de interesados en un procedimiento administrativo en curso o que requiere de reelaboración para su divulgación.
Prácticamente todos los ministerios tienen solicitudes de acceso a la información, pero los más solicitados son los de Interior, Hacienda y Transporte, que acumulan más de 9.000, 8.000 y 5.000 solicitudes respectivamente desde que entró en vigor la transparencia pasiva.
Esther Arizmendi, primera presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dijo en varias ocasiones que España llegaba tarde a la transparencia, pero que en poco tiempo “habíamos adelantado mucho”.
Revista Haz habla con las organizaciones Access Info Europe y Fundación Civio, que destacan por su constante labor en la lucha por la transparencia, y con la Dirección General de Gobernanza Pública y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para conocer desde sus diferentes perspectivas qué es lo que ha cambiado en España durante esta década de transparencia.
Fuente: hazrevista.org
