El Índice CCC (El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción) 2023 refleja un entorno anticorrupción que ha sido sometido a continuas presiones a lo largo y ancho de América Latina. Con las democracias y las instituciones fundamentales bajo presión en la región, el Índice registró un descenso en la puntuación promedio de la región por primera vez desde 2020. Las puntuaciones cayeron, en diversos grados, en diez de los quince países estudiados.
La corrupción sigue siendo un reto de primer orden en toda América Latina, dado que casi el 70% de los participantes—importantes especialistas en anticorrupción—en la encuesta realizada por el Índice CCC coincidieron en que es una "de las principales preocupaciones para la mayoría de las personas en su país". Sin embargo, en muchos países, otros retos como la delincuencia violenta, la lenta recuperación económica tras la pandemia y la preocupación por el retroceso democrático se han convertido en prioridades más importantes para los gobiernos, los medios de comunicación y la sociedad civil. El resultado final es un entorno anticorrupción que en muchos países está menos activo y movilizado que en años anteriores. En general, los retrocesos no han sido dramáticos en comparación con 2022, sino que reflejan una erosión continua que lleva años desarrollándose.
El Índice CCC examina 14 variables clave, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. El Índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta propia realizada entre los principales expertos en anticorrupción de Control Risks, del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado. Por cuarto año consecutivo, el Índice abarca 15 países, que en conjunto representan 96% del PIB de América Latina.
El país con la puntuación más alta en el Índice CCC 2023 es Uruguay (6.99 sobre 10). Uruguay es seguido por Costa Rica (6.76), Chile (6.67), Perú (5.53), República Dominicana (5.42), Panamá (5.39), Argentina (5.07), Brasil (4.83), Colombia (4.78), Ecuador (4.68), Paraguay (4.61), México (3.87), Guatemala (2.86), Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46).
ENTRE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS:
• Dos de los 15 países experimentaron descensos significativos en sus puntuaciones en 2023, y un país experimentó una mejora sustancial. Los otros países experimentaron cambios relativamente pequeños en las puntuaciones (hasta un 6%), aunque, con pocas excepciones, todas estas variaciones fueron negativas.
• Uruguay volvió a ocupar el primer puesto del Índice, aunque experimentó un año consecutivo de retroceso. A pesar de retrocesos moderados, Costa Rica y Chile también conservaron la segunda y tercera posición.
• Panamá registró el mayor aumento proporcional en su puntuación general, impulsado principalmente por las mejoras en su capacidad legal. Panamá, la República Dominicana y Paraguay mejoraron su puntuación general por tercer año consecutivo.
• Guatemala y Venezuela tuvieron cada uno descensos sustanciales en sus puntuaciones generales. Guatemala y México son los dos únicos países cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el Índice por primera vez en 2019. El objetivo del Índice CCC no es avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar — mediante datos y una metodología sólida — las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO: UN PILAR FUNDAMENTAL
En un entorno empresarial cada vez más regulado y exigente, el cumplimiento normativo se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones.
En INTEDYA, comprendemos la complejidad de las leyes y regulaciones laborales y sociales que afectan a las empresas en diferentes países y sectores. Nuestra trayectoria en el campo del Compliance nos ha permitido desarrollar un enfoque integral que se adapta a las necesidades específicas de cada cliente.
Cada vez más organizaciones, tanto públicas como privadas, precisan desarrollar programas anticorrupción que les permitan prevenir y gestionar los riesgos en materia de soborno y corrupción que pueden darse en el desarrollo de sus actividades. ISO 37001:2016 permite a cualquier tipo de organización desarrollar su sistema anticorrupción siguiendo las mejores prácticas internacionales y evidenciar frente a terceros un sólido compromiso con la prevención de este grave riesgo.
La norma ISO 37001 puede ser implementada por cualquier organización, como parte de su Sistema de Gestión de Compliance o de forma separada. Dado que la gestión contra el soborno es una práctica indispensable a nivel internacional, este estándar es aplicable a todo tipo de empresas, desde las más pequeñas a las más grandes, ya sean de ámbito público, privado e incluso en sectores sin ánimo de lucro.
Es especialmente recomendable para empresas que se relacionen con gobiernos y grandes corporaciones y para aquellas organizaciones en las que un escándalo relacionado con el soborno pueda tener una repercusión mediática tan fuerte que se ponga en riesgo la supervivencia y/o reputación de la entidad.
Fuente: https://americasquarterly.org//
