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Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza están llevando a las empresas a analizar cómo su actividad incide en el cambio climático, en la biodiversidad y cómo gestionan los riesgos relacionados con la naturaleza.
En el último tiempo estamos asistiendo al uso extendido de la terminología ASG, acrónimo referido a factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza en diferentes foros, especialmente los conectados con el mundo financiero.
Para los miembros del C-Suite de las compañías, como se llama al grupo más importante e influyente de una empresa, especialmente los gerentes financieros o CFOs y CEOs, supone encontrarse en su medio natural referencias a la sostenibilidad que no esperaban.
Con ello, les surgen dos primeras preguntas inmediatas: ¿Qué está haciendo mi compañía al respecto? ¿Es distinto de la trayectoria previa? Y al regreso se voltean, en el mejor de los casos, hacia los encargados de responsabilidad social, que ven la necesidad inmediata de justificar su trabajo.
Cabe señalar que estamos hablando de dos recorridos complementarios, que se fortalecen mutuamente. Por un lado, los programas de responsabilidad corporativa de las empresas buscan atender los impactos que éstas generan sobre sus grupos de interés, aunque en la mayoría de los casos de manera reactiva; ni que decir de aquellos casos en que todavía se aplican bajo el término acciones de filantropía.
La oportunidad aquí no es ponerles término al ser diferentes del enfoque ASG recientemente protagónico, sino hacerlos evolucionar para trabajar en los impactos desde el propio diseño de los procesos, productos y servicios.
Por otra parte, se encuentra la atención de los riesgos y oportunidades financieras asociadas a los temas de sostenibilidad. Éstos preocupan especialmente a las calificadoras de riesgos, accionistas y fondeadores de las empresas, que han articulado sus requerimientos de información bajo la forma de los criterios ASG.
De manera generalizada, están preguntando ya a las empresas y condicionando su participación en las mismas. Y esto de lo que se habla en los foros a los que asiste el C-Suite. En los casos más avanzando, esos requerimientos de información están siendo específicos por sector de actividad de económica, pero esto es todavía una asignatura pendiente en el camino a la madurez de ese enfoque. Lo que está claro es que hay dos grandes aspectos encima de la mesa, bajo esos criterios, por un lado la incidencia del cambio climático, seguida por la biodiversidad y los riesgos relacionados con la naturaleza, y por otro la diversidad e inclusión y el bienestar laboral.
Este doble recorrido es clave. Ante la tentación de que la agenda sea protagonizada por el enfoque financiero con el discurso de criterios ASG, es importante destacar que los impactos de hoy constituyen riesgos para el mañana y podrían llegar a condicionar los resultados financieros de las empresas.
Además, se encuentra la evolución de la regulación, liderada por la Unión Europea con la Directiva de reportes de sostenibilidad corporativa, que establece la necesidad de atender la doble materialidad (de impacto y financiera) en los informes de presentación obligatoria para las empresas.
En el caso americano, las regulaciones se están dando respecto a la materialidad financiera, requiriendo que las compañías realicen el análisis, y sobre las temáticas resultantes, dimensionen financieramente cuánto pueden condicionar a la empresa, a la vez que se presenta el desempeño de ésta en la gestión de los temas, especialmente utilizando los parámetros de los Estándares de Sustainability Accounting Standards Board.
Así ocurre ya con regulaciones como la Circular 031 de la Superintendencia Financiera de Colombia para los emisores de valores, y la norma de carácter general 461 de la Comisión del Mercado Financiero de Chile, ambas de 2021; coinciden además en tomar el cambio climático como tema y requerir la información al respecto, los riesgos y oportunidades financieras y cómo las compañías se están preparando (gestión), usando las Recomendaciones de Task Force on Financial Corporate Disclosure (TCFD).
Esta información sobre materialidad financiera y el énfasis en cambio climático constituye además el componente principal de las nuevas normas NIIF de sostenibilidad, desarrolladas por el International Sustainability Standards Board (ISSB), comité creado al respecto por la IFRS Foundation.
Por ello, aunque en Panamá no existan regulaciones específicas sobre ASG a este nivel corporativo, la adopción de estas normas junto con las NIIF contables y los requerimientos de información al respecto por los auditores de cuentas serán críticos.
El calendario global establece que se debe comenzar con la información del año contable 2024, en 2025; si bien el calendario en el país estará sujeto a las decisiones de las autoridades competentes. No obstante, prepararse será siempre la mejor opción, con tiempo para ir atendiendo la identificación de los temas y plantear la gestión necesaria de los mismos, además del registro de la información de desempeño.
En el caso de la banca, en el país se acelera la agenda, luego de que la Superintendencia de Bancos declarara en circular de noviembre de 2021 los riesgos climáticos como riesgos para la banca, abriendo la puerta a la necesidad de que estas entidades comiencen a determinarlos, dimensionarlos y trabajar sobre ellos.
En un país especialmente caracterizado por su sistema financiero, es posible el liderazgo del mismo, que luego trasladen a sus clientes de banca corporativa y empresarial, a través de la demanda de información en los sistemas de análisis de riesgos y productos especializados con propósito ambiental y/o social, créditos que además pueden ser fondeados gracias a la emisión de bonos temáticos (verdes, sociales y sostenibles), junto con las oportunidades de captación de capital que también suponen los bonos vinculados a la sostenibilidad y los de transición.
Por tanto, el momento es ahora, el camino doble y complementario, y las oportunidades infinitas para la sostenibilidad de las compañías en el tiempo.
Fuente: martesfinanciero.com
