El 65% de las compañías españolas dispone de un sistema para que sus empleados puedan denunciar infracciones o irregularidades internas. Así lo revela una encuesta de Personio, que sitúa a España como el segundo país más preparado de Europa en esta materia.
En la mayoría de los países de la UE se aplicará a las empresas este año la nueva normativa sobre denuncia de irregularidades conocida como Directiva Whistleblowing. En España, esta norma europea se recoge en la Ley de Protección de los Denunciantes, que entró en vigor en marzo de 2023.
La nueva ley obliga a las empresas que tienen más de 250 empleados a establecer un sistema de denuncia confidencial de infracciones internas. Para aquellas compañías que tengan entre 50 y 250 trabajadores, la fecha límite es el 1 de diciembre de 2023. Pues bien, parece que las empresas están cumpliendo con esa obligación o, al menos, eso es lo que se deduce de una encuesta realizada por la compañía Personio que indica que el 65% de las empresas españolas dispone ya de un canal de denuncias interno.
De acuerdo con la encuesta, un pequeño porcentaje de los negocios encuestados en España aún no tienen una política de canal de denuncias (23%) o no saben si la tienen (11%). Esto pone a estas compañías en riesgo de no cumplir a tiempo los requisitos necesarios. Al menos, la mitad (50%) de las empresas tiene previsto introducir un sistema de este tipo en los próximos 6-12 meses.
Si los empresarios no aplican la normativa o no abordan adecuadamente las denuncias, pueden enfrentarse a diferentes consecuencias, que pueden ir desde sanciones leves, graves o muy graves.
Por otra parte, según el estudio de Personio, el 48% de los empresarios dice saber de qué trata la nueva directiva de la UE y un 45% ha oído hablar de ella. La situación es diferente para los trabajadores: el 32% afirma conocer bien la nueva ley y un 23% de ellos no sabe si su empresa tiene una política de denuncia de irregularidades.
Los empresarios citan la seguridad de los trabajadores (64%), seguida del cumplimiento de las normas (39%), el compromiso de los empleados (30%) y la protección de la reputación corporativa (17%) como motivos para establecer un canal de denuncia de irregularidades. Llevar a cabo esta medida no solo evita posibles daños a la imagen de la compañía y pérdidas económicas, sino que también refuerza una cultura empresarial de confianza, apunta Personio.
Garantizar el anonimato a los denunciantes
Según el estudio, el 54% de los empleados encuestados se han enfrentado a una mala conducta en el trabajo en el pasado; el 24% de ellos solo en el último año. Para denunciar un comportamiento inadecuado en el entorno laboral, el 40% de los empleados prefiere hablar con el representante legal de la empresa. En segundo lugar, está el uso de un canal electrónico anónimo (35%), seguido de hablar con RR. HH. o con su jefe en persona (25%).
Mientras que el 43% de los empresarios dicen sentirse muy seguros a la hora de gestionar las faltas de conducta, solo el 31% de los trabajadores están de acuerdo. Tres cuartas partes (69%) de los empleados afirma que su empresa dispone de la tecnología adecuada para garantizar la confidencialidad de las denuncias. Lo más preocupante es que la mayoría (87%) teme represalias. Las empresas parecen sobrevalorar su gestión de las conductas indebidas en el lugar de trabajo y necesitan una solución fiable que garantice el anonimato y la facilidad de envío, señala Personio.
Precisamente, esta compañía ha lanzado un canal de denuncias interno para pymes, –Personio Whistleblowing– una herramienta que, según la empresa, permite a los empleados y partes externas denunciar irregularidades de forma segura y anónima.
Fuente: hazrevista.org
