El pasado mes de mayo se aprobó la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022 – 2030 que, además de tener como objetivo hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, servirá para determinar las políticas y estrategias de todo lo relacionado con la integración de las personas con discapacidad, no solo en el ámbito social, sino también en el económico, laboral y empresarial.
Cuenta con dos retos principales, en primer lugar, conseguir la ciudadanía activa y el pleno ejercicio de los derechos humanos y, en segundo lugar, la inclusión social y participación de las personas con discapacidad en la comunidad.
Con un enfoque de género y teniendo en cuenta desafíos tan importantes como el cambio climático o el ámbito rural, tiene como propósito conseguir una educación inclusiva, mejorar las tasas de actividad y de empleo, garantizar el acceso a los servicios de salud, mejorar la autonomía personal y alcanzar la vida independiente, potenciar el apoyo a las familias y a las personas cuidadoras, favorecer la igualdad y diversidad, garantizar el diseño y la accesibilidad universal, y todo ello con la mayor cohesión territorial posible, que se consiga el acceso a los servicios al margen del lugar de residencia, con equidad.
En resumen, la estrategia pretende superar definitivamente el modelo asistencial imperante y sustituirlo por el enfoque de derechos que plantea la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Más allá del objetivo, propósito o retos planteados es necesario repensar la situación de partida que la propia Estrategia reconoce, como es la existencia de un 37 % de personas con discapacidad entre 18 y 24 años que han abandonado habiendo completado como máximo la educación secundaria inferior y que no participan en educación o formación alguna, o como es que solo el 20,5 % de las personas con discapacidad entre 25 y 44 años hayan completado con éxito estudios superiores.
Respecto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad mantener un 34,3 % de tasa de empleo, una tasa de actividad del 34,3 % o una tasa de paro del 22,20 %, datos muy inferiores al del resto de personas que no tienen discapacidad, hace que el 34,04 % de las personas con discapacidad se encuentren en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE).
Es necesario asegurar el derecho a la educación del alumnado con discapacidad en contextos educativos inclusivos, dotando de los recursos de apoyo y tecnológicos necesarios en todas las etapas educativas y facilitando herramientas y competencia a la comunidad educativa para llevarlo a cabo, con lo que se puede alcanzar un mejor nivel formativo general del colectivo.
También es preciso tomar medidas que potencien la inclusión laboral de las personas con discapacidad en las empresas creando entornos inclusivos, que aseguren la igualdad de oportunidades y no discriminación, hasta impulsar programas de empleo con apoyo, reforzar los mecanismos de inspección para vigilar el cumplimiento de la cuota de reserva legal, incluso revisando dicha regulación adaptándola, si se entiende necesario, a la realidad del tejido empresarial español.
El empleo público y la contratación pública también deben coadyuvar a la mejora de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en primer lugar, vigilando el cumplimiento efectivo de la reserva del 7 % de las plazas ofertadas para personas con discapacidad (un 2 % para personas con discapacidad intelectual), incluyendo no solo el acceso a la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo, sino para cualquier otro sistema, especialmente para la cobertura de plazas por personal temporal incluyendo también reservas en las bolsas de trabajo o listas de espera. Y, en segundo lugar, a través de la contratación pública, incluyendo medidas de inserción laboral como condición especial de ejecución del contrato o estableciendo preferencia y/o reservas en la adjudicación de los contratos para empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas con discapacidad.
Finalmente, para facilitar la inserción laboral, es necesario impulsar medidas de estímulo de la RSC relacionadas con las personas con discapacidad, que deberían basarse los reportes de información no financiera, la inclusión de beneficiarios del ingreso mínimo vital y la posesión de sellos de RSC
Fuente: diarioresponsable.com
