La Comisión Europea avanza en su procedimiento de infracción contra 15 países por no trasponer la directiva europea que ampara a los ’whistleblowers’, informantes que revelan irregularidades de entidades públicas o privadas.
— Buzones anónimos y multas antirrepresalia en la Ley para proteger a los “informantes” de corrupción
Bruselas llevará a España, y a otros 14 países, ante la Justicia europea si no protege a los denunciantes de corrupción. Así lo ha anunciado este viernes la Comisión Europea, que ha decidido tomar nuevas medidas en los procedimientos de infracción lanzados contra Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y España.
Lo que ha hecho el Ejecutivo comunitario este viernes es emitir dictámenes motivados por no transponer íntegramente la directiva relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión (Directiva UE 2019/1937).
La fecha límite para que los Estados miembros transpusieran la directiva era el 17 de diciembre de 2021.
En enero de 2022, la Comisión envió cartas de emplazamiento a 24 Estados miembros por no transponer y comunicar las medidas de transposición a la Comisión Europea dentro del plazo.
De ellos, los 15 Estados miembros mencionados todavía no han adoptado medidas de transposición y disponen de dos meses para responder a los dictámenes motivados de la Comisión.
Si las respuestas no son satisfactorias, la Comisión puede decidir llevar a los Estados miembros afectados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ley en proceso
Buzones internos en cada empresa o Administración pública a los que sus trabajadores puedan enviar avisos anónimos sobre irregularidades que se estén cometiendo de puertas adentro. Un segundo canal externo al que mandar esas alertas y llamar la atención de las autoridades sin necesidad de personarse en una comisaría e interponer una denuncia formal. Un organismo independiente con la capacidad de multar hasta con un millón de euros a las compañías que tomen represalias contra personas que alerten de posible corrupción, o contra sus familiares.
Son algunas de las medidas incluidas en el “Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción” presentado por el Ministerio de Justicia. La norma con la que el Gobierno lanza por fin el proceso para aprobar una protección específica para las personas que dan el paso de alertar de irregularidades de las que han tenido conocimiento y evitar que queden indefensas ante la persecución de aquellos a los que señalan. Ahora están expuestos al despido, degradación o pérdida de beneficios laborales, mientras que entre ellos se han repetido las denuncias de acoso, amenazas y coacciones.
El plazo de dos años para transponerla caducó el pasado diciembre de 2021, con lo que el Gobierno ya marcha contrarreloj para sacar adelante el anteproyecto. No obstante, fuentes del Ministerio de Justicia explican a este medio que la tramitación seguirá el cauce parlamentario (lo que llevará varios meses) y no se aprobará vía decreto ley en Consejo de Ministros.
Fuente: eldiario.es
