El Eurobarómetro de la Comisión Europea 2022 constata que el 89% de los ciudadanos en España cree que la corrupción está aún generalizada
La Comisión Europea ha emitido en las últimas horas el Eurobarómetro sobre la percepción de la corrupción y también el Informe sobre el Estado de Derecho
El Informe comprende una visión general de las tendencias en el conjunto de la UE y, concretamente, de los 27 Estado miembro en el último año y se realizan recomendaciones específicas para cada estado
14 de julio de 2022. La corrupción sigue siendo una preocupación seria para la ciudadanía de la UE según el Eurobarómetro de 2022 : el 68% cree que la corrupción todavía está generalizada en su país, mientras que en España esta cifra sube hasta el 89%. Es más, un 41% de los europeos cree que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años –un 48% de los españoles– mientras que un 43% cree que se mantiene igual –un 42% en el caso de España–. Tan sólo un 9% cree que ha disminuido, un 6% en España.
Les institucions públiques nacionals es consideren les més corruptes, segons l’Eurobaròmetre, ja que el 74% dels enquestats creu que cada cop més la corrupció està generalitzada -en el cas de la ciutadania espanyola up to al 85%-, seguides pels partits polítics - 58% d’europeus i 83% d’espanyols- i els polítics locals, regionals i nacionals -55% d’europeus i 67% d’espanyols-. Així, un 24% dels enquestats europeus considera que la corrupción l’afecta en la vida diària, mentre que a Espanya aquesta xifra quasi es duplica arribant a un 46%.
Por lo que respecta a los motivos por los que la gente podría decidir no denunciar un caso de corrupción, los principales serían la dificultad de demostrarlo -48% de los europeos y 40% de los españoles-, considerar la denuncia inútil porque los responsables no serían castigados - 30% de los europeos y 32% de los españoles- y la falta de protección a las personas alertadoras -28% de los europeos y 25% de los españoles-.
Al mismo tiempo, los europeos se muestran pesimistas sobre las acciones adoptadas a nivel nacional para abordar la corrupción como delito. Sólo una minoría piensa que las medidas contra la corrupción se aplican de forma imparcial y sin intenciones ocultas -37% de los europeos-, que existen suficientes procesamientos con éxito para disuadir a las personas de prácticas corruptas -34% de los europeos-, que los esfuerzos de su gobierno nacional por combatir la corrupción son efectivos -31% de los europeos- o que haya suficiente transparencia y supervisión de la financiación de los partidos políticos en su país -31% de los europeos-.
Paralelamente, la Comisión Europea publicó ayer el tercer informe anual sobre el Estado de Derecho , que comprende una visión general de las tendencias en el conjunto de la UE y 27 capítulos por países, donde se examinan las novedades en la materia producidas en cada Estado miembro en el último año. El documento incluye recomendaciones específicas formuladas a cada Estado miembro con el objetivo de hacer avanzar las reformas en curso o previstas y ayudarles a determinar los ámbitos en los que se necesitan mejoras.
Como en ediciones anteriores, este informe examina la evolución en cuatro ámbitos clave en materia de estado de derecho: los sistemas judiciales, la normativa en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales . El informe indica que en muchos Estados miembros han proseguido las reformas del Estado de Derecho para solucionar los problemas señalados en las dos ediciones anteriores. Asimismo, persisten importantes motivos de preocupación de orden sistémico en algunos de ellos.
El informe anual sobre el Estado de Derecho es el resultado de un diálogo con las autoridades nacionales y las partes interesadas y se refiere a todos los Estados miembros de forma objetiva e imparcial, al ocuparse de cuestiones idénticas. El informe realiza un seguimiento de los problemas indicados en informes anteriores, profundiza en la evaluación de la Comisión y formula también observaciones sobre cuestiones como los medios de comunicación de servicio público, el uso de programas espía o el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Principales conclusiones y recomendaciones
En referencia a las reformas de la justicia , el informe destaca que persisten motivos de preocupación de carácter estructural en algunos Estados miembros en lo que se refiere a la independencia judicial. En algunos Estados miembros existen dificultades en relación con los nombramientos en los tribunales superiores y para los cargos de presidente de los tribunales. En otros, preocupa la independencia o autonomía de las fiscalías y se siguen usando procedimientos disciplinarios para coartar la independencia judicial. Para hacer frente a estos problemas, las recomendaciones de la Comisión alientan, por ejemplo, a una mayor participación del poder judicial en los procedimientos de nombramiento, una mayor autonomía de las fiscalías y que los Estados miembros proporcionen recursos adecuados a los sistemas judiciales.
La corrupción sigue siendo un motivo de grave preocupación para la ciudadanía europea, aunque la UE sigue siendo una de las regiones menos corruptas del mundo. Así, en lo que respecta a las normativas en materia de lucha contra la corrupción, el informe concluye que en algunos Estados miembros, las investigaciones y los enjuiciamientos de asuntos de corrupción son largos y siguen faltando sentencias, especialmente en los de alto nivel. Los funcionarios públicos están sujetos a obligaciones de divulgación de bienes e intereses en todos los Estados miembros, pero éstas varían en cuanto al alcance, la transparencia y la accesibilidad de la información divulgada, así como en lo que respecta al nivel y la eficacia de la verificación y cumplimiento. La Comisión ha formulado recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de las normas preventivas, por ejemplo, sobre la defensa de intereses y conflicto de interés, así como sobre la garantía de una investigación y enjuiciamiento eficaces de los asuntos de corrupción.
En cuanto a la libertad y pluralismo de los medios de comunicación , preocupa la falta de transparencia en el reparto de la publicidad institucional, el conflicto de interés y los obstáculos relacionados con el acceso a documentos públicos, que son algunos de los problemas señalados en el informe que requieren atención. Por primera vez, el informe también examina los medios de comunicación de servicio público y reconoce su papel especial para la sociedad y la democracia. La Comisión ha formulado una serie de recomendaciones que abarcan, entre otras cosas, el reparto transparente y equitativo de la publicidad institucional, la gobernanza independiente de los medios de comunicación de servicio público y las medidas para mejorar la seguridad de los periodistas.
En referencia a los controles y equilibrios institucionales, en algunos Estados miembros sigue sin existir un marco formal de consulta a las partes interesadas, y las organizaciones de la sociedad civil siguen enfrentándose a dificultades como problemas de financiación, discursos negativos y limitaciones de su espacio de maniobra. Por primera vez, el informe examina el cumplimiento de los Estados miembros de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El informe también examina las reacciones del sistema de contrapoderes institucionales frente al uso de programas espía. Para hacer frente a algunos de estos problemas, la Comisión ha formulado recomendaciones relativas, por ejemplo, a la participación de las partes interesadas en el proceso legislativo, a la creación y funcionamiento de instituciones nacionales de derechos humanos acreditadas ya la garantía de un marco operativo abierto para la sociedad civil.
El capítulo español preocupa la renovación del CGPJ
En el capítulo que el informe dedica al estado español , destaca la preocupación por el hecho de que la renovación del Consejo del Poder Judicial esté pendiente desde diciembre de 2018. En este contexto, ha habido nuevos llamamientos para modificar el sistema de nombramiento del Consejo de acuerdo con las normas europeas de forma que al menos la mitad de los jueces-miembros sean elegidos por sus compañeros. También se mantienen las preocupaciones por la coincidencia en el mandato de la Fiscalía General y el Govern. Sin embargo, el informe observa que se está avanzando en la calidad del sistema de justicia, como la implantación de medidas que faciliten el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. También observa que la digitalización de la justicia está muy avanzada y se están solucionando las carencias. La duración de los procedimientos sigue siendo un reto, aunque se está trabajando en los proyectos de ley destinados a mejorar la eficiencia del sistema de justicia.
El documento también destaca que en España se está planteando la adopción de un Plan Nacional Anticorrupción , que se espera que contribuya a crear una política integral para prevenir y reducir la corrupción. Aunque se han aumentado los recursos dentro de los Servicios Fiscales, la investigación y el procesamiento de la corrupción de alto nivel sigue siendo una preocupación, puesto que los procedimientos siguen siendo largos y complejos . Por lo que respecta a la prevención de la corrupción, España sigue desarrollando un marco sólido de integridad para la administración pública, incluida la prevención de conflictos de interés y normas de incompatibilidad. El Govern está ultimando un proyecto de Ley de transparencia e integridad de los grupos de interés y un proyecto de ley de prevención de conflictos de interés en el sector público. El informe contempla que se prevé que el Govern apruebe un proyecto de ley sobre protección de los denunciantes. La Oficina de Conflictos de Interés, añade, ha reforzado su papel ofreciendo orientación ética y actividades de formación a los funcionarios públicos.
Según el informe, el marco legislativo general sobre la libertad y el pluralismo de los medios se mantiene sólido y estable. Se ha adoptado una ley destinada a transponer la revisión de 2018 de la Directiva de servicios de medios audiovisuales, que incluiría nuevas disposiciones legales sobre transparencia de la propiedad de los medios audiovisuales. Sin embargo, existen retos en relación con la transparencia de la propiedad de los medios escritos y la autonomía operativa y los recursos del Regulador Audiovisual . Se está trabajando -concreta- para reforzar el acceso a la información: el Gobierno ha continuado con la implementación de un convenio destinado a facilitar la labor de los profesionales de la información, mientras que los periodistas han continuado enfrentando algunos retos.
Por último, el documento sobre controles y equilibrios institucionales destaca que varios órganos constitucionales relevantes en el sistema de controles y contrapesos, incluido el Defensor del Pueblo, vieron a sus miembros nombrados por el Parlamento, lo que puso fin a retrasos considerables. Por su parte, remarca que el Tribunal Constitucional dictó dos sentencias revisando las medidas de urgencia adoptadas para luchar contra la pandemia de la COVID-19. El Informe añade también que se llevan a cabo una serie de iniciativas destinadas a aumentar la participación pública en la elaboración de políticas y reforzar la cooperación entre la administración pública y la sociedad civil. Y puntualiza que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sigue suscitando inquietudes incluso por parte de la sociedad civil, está pendiente en el Parlament. Y por último, destaca que se han llevado a cabo actividades de fomento de la cultura del estado de derecho, en particular la puesta en marcha de un programa de formación para periodistas sobre la justicia española.
Fuente: aintifrau.cat
